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Un buen asesoramiento jurídico en la contratación pública es una garantía

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Hay bufetes de abogados expertos en avalar la tramitación de los contratos públicos entre la Administración y las empresas privadas.

En muchas ocasiones, ocurre que las administraciones necesitan cubrir servicios o hacer frente a proyectos para los que no tienen la logística, las herramientas o la capacidad de poder afrontarlos. Es por ello que la colaboración público-privada es una figura completamente legal y existen procedimientos específicos para determinar la legalidad de esos contratos y establecer los parámetros, las cláusulas y las obligaciones de cada una de las partes. Estas contrataciones públicas siempre son temporales y se realizan para una tarea concreta y específica. 

Como es obvio, el acceso a este tipo de contratos se hace a través de ofertas públicas y concursos en los que la administración que corresponda, expone los criterios del contrato y se abre un plazo para que las empresas, de manera anónima, presenten sus propuestas. Una vez estudiada cada propuesta, se escogerá la más ventajosa, y se abrirá el sobre que contendrá el nombre de la empresa adjudicataria. 

Aunque la Ley de Contratación Pública es muy específica y aborda cualquier circunstancia que pueda darse para solventar el contrato, es preciso contar con  expertos en asesoramiento sobre contratación pública, ya que estos facilitarán el trámite, darán garantía jurídica y asegurarán que el dinero público se gestiona de una manera correcta. Por tanto, estos profesionales ofrecen un gran servicio, tanto a las Administraciones Públicas, como a las entidades privadas, prestando sus conocimientos entre el personal de los clientes en todo lo relacionado con las contrataciones públicas. 

Dentro de los contratos públicos existen multitud de servicios que pueden licitarse, es por ello que, entre los grupos de expertos, también existen especialidades de formación, según el servicio que deban cubrir con el contrato. En este sentido, puede que el equipo jurídico esté centrado en la administración local, y en materias como la del sector medioambiental y de residuos, o también, por ejemplo, que puedan cubrir el ámbito tecnológico, de investigación y científico; así como otros menos habituales, como el sector internacional de cooperación y desarrollo.

¿Qué pasa cuando una empresa es excluida del concurso?

Como se ha especificado, las licitaciones públicas se realizan a través de concursos en los que las empresas, atendiendo a las bases de cada convocatoria, presentan sus propuestas de manera anónima. Desde luego, existen una serie de criterios que se deben cumplir, siempre en base al pliego de condiciones que previamente se haya publicado. 

Todas las empresas que cumplan con los requisitos formarán parte del concurso, pero aquellas que, por una u otra razón, incumplan alguno de los criterios del pliego, serán apartadas del proceso. Ese motivo hace que el licitador excluido no puede recurrir la adjudicación, ya que solo se tiene la capacidad de impugnar el proceso adjudicatario de manera legal si se es la persona física o jurídica que sí ha participado en la licitación.

En cualquier caso, lo mejor ante este hecho es acudir a expertos de la abogacía que estén especializados en contratación pública, ya que serán los únicos que podrán estudiar todas las vías posibles en relación con los recursos, o finalmente, determinar que no procede. Esto ahorrará tiempo y esfuerzos innecesarios. 

La experiencia del personal dará gran puntuación

La actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, especifica en su artículo 145 que: “los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán ser, entre otros, los siguientes: […]

2.º La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución”. Por tanto, la puntuación en criterios que valoren la experiencia del personal será importante para determinar la consecución del mismo. 

En este sentido, hay que dejar claro que estos criterios no siempre han sido los avalados por los tribunales, sin embargo, la nueva legislación lo recoge en su propio articulado. Por tanto, toda empresa que opte a una licitación pública puede indicar en la presentación de su propuesta la relación de personal específico que desarrollará la actividad en caso de ser la adjudicataria, contando eso como criterio evaluable. 

Principios aplicables en un proceso de contratación pública

Como es de esperar, para garantizar que una contratación pública se realice con la máxima neutralidad posible y cumpliendo, en todo caso, con los principios legales, se han establecido unos principios básicos que buscan salvaguardar esa neutralidad y dar seguridad a los procesos

Estos principios son de diversa índole, por lo que a continuación se van a exponer algunos que se consideran de mayor relevancia. 

Principio de imparcialidad

Lógicamente, en una licitación pública debe primar, en todo momento, el hecho de ceñirse al pliego en las mejores condiciones. Para eso, se debe erradicar cualquier interés propio o ajeno de las personas físicas que participan de la licitación por parte de la Administración. 

Un gasto público adecuado

El objeto de la licitación no es el lucro de la empresa, sino el correcto uso del dinero público para cubrir un servicio. Por ese motivo, se tiene muy en cuenta el gasto que supone la adjudicación. 

Igualdad a la hora de acceder a un contrato público

Todas las empresas que cumplan los criterios y que concursen para la obtención de la licitación final, han de hacerlo con igualdad de condiciones y, por supuesto, teniendo las mismas oportunidades. 

En definitiva, cuando se trata del dinero común y la prestación de un servicio público a través de una entidad privada, no se pierde la publicidad del servicio, sino que la gestión se realiza de manera indirecta. Sin embargo, para que siga rigiendo el principio de que lo público, lo que pagan los ciudadanos con sus impuestos y tasas, tiene una especial protección, la ley de contrataciones públicas garantiza principios como el de la objetividad, la imparcialidad, la eficiencia o el reconocimiento público, a la hora de adjudicar los servicios. 

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